EL IMPUESTO DEL AGUA
EN LA ECONOMÍA DE LOS ARAGONESES
El análisis de la Cámara de Cuentas que hace
un año recogieron todos los medios
de comunicación aragoneses como
demoledores, tiene graves repercusiones en la economía aragonesa.
Este organismo señalaba que solo en Zaragoza,
los ciudadanos tendremos que pagar por el impuesto de contaminación del
agua-ICA-, en el horizonte de 28 años, 543 millones de euros lo que supone una
media de 19,3 millones de euros al año. Para ello, los recibos tendrán que
aumentar del orden del 3,7 % cada año. A estas cantidades hay que sumar lo que
hemos pagado por el saneamiento en Zaragoza y que ha supuesto unos 400 millones
de euros desde el año 1993.
En el resto de Aragón la situación no es más
halagüeña. Pagan más del doble que
la media española y diez veces más
que los vecinos riojanos. Hay 450 pueblos en Aragón que no tienen
depuradoras y que llevan muchos años pagando el ICA para salvar las cuentas
económicas de un Plan de Saneamiento hecho para el beneficio de las grandes empresas del sector.
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| ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO |
Con el 70% de bonificación en el 2016, los recibos que nos están llegando a
los zaragozanos son del orden de 40 euros al año. Una cantidad aparentemente asumible.
Pero es engañosa ya que hay que sumar el aumento en los recibos del agua de la comunidad de vecinos y la
repercusión que como consumidores pagamos de los costes del agua depurada y que
se ha empleado en la elaboración de los productos que compramos Si además se
tiene una segunda vivienda en alguna zona de Aragón, estimamos que el pago
anual se pude situar en los 150 euros. Y esta cantidad ´no solo se hace perpetua para todas las
familias, sino que irá creciendo y duplicándose cada 10 años.
Esto para muchas empresas, pequeño comercio,
hostelería, industrias con usos intensivos del agua, serán varios cientos
o miles de euros los que tengan
que pagar al año. Nos atrevemos a decir que este Plan de Saneamiento irracional y desmesurado no supondrá un
aliciente y acicate para que las empresas se radiquen en Aragón. Todo lo
contrario.
Pero en su día no se hizo una Evaluación
Estratégica del Plan de Saneamiento donde se hubieran valorado diferentes
opciones de los costes y beneficios que hubieran supuesto cada una de ellas y
que era obligatorio hacerlo por ley. No se hizo y seguimos sin tenerla hecha en
la revisión del Plan, que se nos prometió que se haría hace dos años y medio
con la nueva dirección del IAA y que sigue sin realizarse.
Y se sigue sin aprobar que se haga una auditoria de la Cámara
de Cuentas en todo el periodo que va desde el 2001 hasta la actualidad.
Levantar alfombras parece que no interesa.
En la situación actual, ¿se está trabajando
desde la Conserjeria de Medio Rural y Sostenibilidad para que no sigan
aumentando desmesuradamente los costes del Plan? Hay muchos ejemplos de que no.
Se han
aprobado seis millones para
un periodo de cuatro años para que una empresa externa lleve el cobro de los
recibos cuando el 90% de ellos se podían facturar por las propias
administraciones locales que tienen personal adecuado para ellos. A ello hay
que sumar 300.000 euros para tramitar los recibos en Zaragoza.
Pero lo más grave es que el ejemplo de la
depuración de Fabara se sigue sin
valorar como merece cuando no se le pretende ridiculizar abiertamente. Así, durante varios años en
reuniones de la Comisión del Agua, se despreciaba por parte de los responsables
del Instituto Aragonés del Agua una depuradora extensiva que era, cuando entró en funcionamiento, una de
las treinta de este tipo que solo funcionaban en España. Y en la actualidad se
sigue sin poner de ejemplo.
Nosotros queremos destacar que la instalación del municipio fabarol es un referente a exportar a más de 6000 poblaciones
españolas que tienen menos de 2000 habitantes equivalentes como Fabara y, que de hecho, ha interesado a
autoridades norteamericanas que se han personado en esta localidad por medio de su embajada en España.
En Aragón, el 21,34% de los municipios de
Aragón tienen menos de 100 habitantes y el 71,68% tiene entre 100 y 2.000
habitantes, lo que nos lleva a señalar que el 90% de las depuradoras de Aragón
se podrían haber construido a un coste infinitamente menor que el que ahora se
nos obliga a soportar a todos los aragoneses.
Y las depuradoras que se han licitado en este
último trimestre del 2017, en
Calaceite y Maella, con una población similar y en la misma zona geográfica,
van a costar diez veces más que la de Fabara . En Castelserás, donde aplaudimos que se haya proyectado una depuradora extensiva, el modelo elegido es 6 veces más elevado que el
de Fabara.
Seguiremos insistiendo en que es necesario un nuevo Plan de Saneamiento y una revisión de la Ley de Aguas y Ríos
de Aragón. Todavía quedan por depurar las aguas de más de 450 núcleos de
población de Aragón. Si no paramos
esta locura, haremos corto con todo el dinero de la D.G.A. para cubrir los
costes del sistema.
Mientras tanto pedimos a los ciudadanos
aragoneses que recurran sus recibos como muestra del desacuerdo con las
políticas de saneamiento del Gobierno de Aragón, a la vez que solicitamos de
nuevo que las instancias
judiciales actúen para aclarar posibles corrupciones.
Del mismo modo, la sentencia anula los artículos de la ley que reconocían derechos a la Comunidad que afectan igualmente a la cuenca del Ebro, aunque no incidían en la gestión de la mencionada reserva hídrica. Así, deja sin efecto los procedimientos de autorización de vertidos y reutilización de aguas residuales. Y lo hace porque la ley autonómica establecía la aprobación de la propuesta autonómica por silencio administrativo si la Confederación Hidrográfica del Ebro no se pronunciaba en tres meses sobre una materia de la que es competente el Estado. También anula la asunción de la funciones de policía de aguas por parte del Instituto Aragonés del Agua, por ser igualmente una prerrogativa estatal.
