Aunque a primera vista el Plan Aragonés de Saneamiento y el Master de la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen poco en común, comparten una misma concepción de la relación PUBLICO-PRIVADO que tanto en uno como en otro caso, arrojan parecido resultado.
La coincidencia de que Enrique Alvarez Conde, el director del famoso máster, sea administrador único de la empresa privada Instituto de Formación de Estudios Jurídicos y sea también director del Instituto de Derecho Público (adscrito a la U.R.J.C.), demuestra la supeditación de la gestión pública en beneficio de una empresa que se beneficia de un evidente trato de favor. Con esta bipolaridad se produce una opacidad en la que se entremezclan magistrados, rectores, ministros y alevines de la oligarquía que engordan sus expedientes y justifican ante la opinión pública sus "avalados" méritos para gobernar.
La clave de este desvarío está en la creación de estructuras de colaboración entre el Sector Público y el Privado que bajo capa de gestionar lo primero con criterios de eficiencia y eficacia lo somete al beneficio del segundo.
De esto, la propia creación del Instituto Aragonés del Agua es un ejemplo que podría ir parejo en su relato con la universidad madrileña. El IAA no deja de ser una forma de extraer del dominio de lo Público un servicio público y generar con ello un beneficio empresarial y aunque ahora se manifieste el abandono del modelo concesional, queda mucho por aclarar tanto de la gestión pasada como de las intenciones futuras.
Pero la relación PUBLICO-PRIVADO no solo está presente en el Plan de Saneamiento. La privatización del agua alcanza también al regadío en Aragón. No estaría de más recordar que en 2015, cuando el Gobierno de Aragón edito su Guía para la Externalización del Servicio de Agua, Aqualogy se hacía cargo de “la gestión integral de las instalaciones de la Comunidad de Regantes Acequia de Ontiñena”, integrada en Riegos del Alto Aragón, el mayor sistema de regadío de la Europa occidental.
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