POSICIÓN
DE LA RED DE AGUA PÚBLICA DE ARAGÓN ANTE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL DE CHA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN RELACIÓN AL IMPUESTO
SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
El modelo
de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración instaurado por
anteriores gobiernos autonómicos ha empobrecido a los municipios aragoneses en
dos sentidos:
·
Ha mermado las competencias municipales, favoreciendo la cesión a la
comunidad autónoma del servicio de depuración.
·
Ha establecido un impuesto que obliga a todos los aragoneses a pagar
unas cantidades desproporcionadas para intentar cubrir los costes de unas
infraestructuras sobredimensionadas, inadecuadas e ineficientes, cuya única
alternativa de financiación es el incremento progresivo de las tarifas.
El PASD,
desarrollado por empresas privadas,
hipoteca la futura capacidad impositiva de los ayuntamientos, augura
aumento de tarifas según varíen las necesidades de financiación y carece de
estímulos en la búsqueda de eficiencia
en la gestión.
Por ello,
los aragoneses pagamos ahora un 138% más por el impuesto sobre la contaminación
de las aguas que en el momento de su creación, sin que esos incrementos hayan
supuesto una mejora proporcional de la depuración de nuestras aguas
residuales. No se han cumplido los objetivos del Plan Especial de
Depuración, que pretendía depurar las aguas de todas las poblaciones de más de
1.000 habitantes equivalentes y no se
han construido las depuradoras del Plan
de Depuración del Pirineo, reconocidas de interés general y para las que el
Ministerio de Medio Ambiente aportó 142 millones de euros.
Tampoco
podemos olvidar que aún no se han iniciado las obras del Plan Integral de
Depuración de Aragón, que ha de dar solución a los vertidos de todas los
poblaciones con menos de 1.000 habitantes equivalentes que, de momento, parece
retrasarse hasta el año 2019, y afecta a 567 municipios con una población
censada de 120.134 habitantes.
Los
ayuntamientos se han dado cuenta de que la cesión de competencias al Instituto
Aragonés del Agua pone en entredicho el principio de autonomía municipal. Los
vecinos se preguntan por qué pagar cada vez más por servicios que no reciben y
por qué sus munícipes aceptan soluciones aparentemente más cómodas, pero que se
convierten en una trampa de difícil salida
Ante esta
situación, el pasado domingo día 26 de marzo de 2017, 24 alcaldes y alcaldesas
aragoneses han iniciado un nuevo camino basado en:
·
La denuncia de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración insostenible,
tanto económica como medioambientalmente.
·
La recuperación de las competencias en depuración que permitan ejercer
la autonomía municipal en la gestión de este servicio básico
·
El cambio del modelo de gestión de la depuración en Aragón, que pase
por:
- El establecimiento de convenios de
colaboración entre ayuntamientos y Comunidad Autónoma para recuperar la gestión
municipal y establecer el marco de financiación del saneamiento y depuración.
- La denuncia de los contratos de
concesión de obra pública que cuenten con incumplimientos flagrantes.
- El estudio económico del resto de
concesiones para analizar la viabilidad o no de su rescate.
- El cumplimiento de los objetivos de
depuración en Aragón contando con el protagonismo de los municipios y el apoyo
técnico y financiero de la Comunidad Autónoma.
En este
contexto, desde la Red de Agua Pública de Aragón creemos que Zaragoza puede ser
la abanderada de estos planteamientos.
Que, frente a problemas comunes, las soluciones deben serlo
también. Por ello, entendemos que el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha de exigir al Gobierno de Aragón lo
siguiente:
1. Que inicie, a la mayor brevedad,
los estudios económicos necesarios para analizar la viabilidad del rescate de
las concesiones de obra pública vigentes.
2. Que denuncie los contratos de
concesión de obra pública en los que se constaten incumplimientos por parte de
los concesionarios y poder así recuperar la gestión pública de esas zonas de
depuración.
3. Que proponga a las Cortes
autonómicas la modificación de la Ley 10/2014, de Aguas y Ríos de Aragón para
que establezca, con carácter general, un marco de relaciones entre los
municipios y la Comunidad Autónoma basado en la firma de convenios de
colaboración para el ejercicio de las competencias en materia de saneamiento y
depuración. En dicho marco deberán
establecerse los mecanismos de apoyo y supervisión del Instituto Aragonés del
Agua a los servicios técnicos municipales y plantear un reparto de las
cantidades recaudadas por encima de los costes de los servicios, de manera que
incentive la reducción de costes y redunde en el correcto mantenimiento de los
sistemas de depuración y la mejora de los servicios del ciclo integral del agua
de cada municipio.
4. Que el Instituto Aragonés del Agua
asuma todos los costes y sanciones derivados de la falta de depuración de las
aguas en aquellas poblaciones en las que no se han cumplido los objetivos de depuración
del PASD.
5.
Que se cambie de manera radical
el modelo de financiación del
Plan Aragonés de Saneamiento y que
incluya la participación de los ayuntamientos en él de manera que la
repercusión de los costes a los vecinos se haga a través de las tarifas del
propio ayuntamiento, fomentando
políticas de gestión de la demanda.
Así
mismo, exigimos al Ayuntamiento de Zaragoza que destine a inversiones en el
ciclo integral del agua las cantidades que Ecociudad Zaragoza le abona en
concepto de cesión de infraestructuras de saneamiento; que adopte el acuerdo de
no destinar los ingresos por las tarifas del ciclo integral del agua a otros
servicios; que mantenga un volumen de inversión anual constante para asegurar
la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento; y,
finalmente, que adopte las medidas oportunas para volver a unificar la gestión
del abastecimiento y el saneamiento en el seno de la estructura municipal,
eliminando costes innecesarios y simplificando la gestión.
Zaragoza,
a 28 de marzo de 2017
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