Mañana se celebra
el DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA. El
lema de la ONU para 2016 es: "El AGUA Y EL EMPLEO".
El mensaje de la
Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, para este día termina
así:
"...el fomento de empleos de calidad, combinado con la conservación
del medio ambiente y la garantía de una gestión sostenible del agua,
contribuirá a erradicar la pobreza, fomentar el crecimiento sostenible y crear un futuro de trabajo decente
para todos".
En este acto queremos expresar una vez más nuestro cariño y solidaridad hacia “los 8 de Yesa” y exigir el sobreseimiento de su proceso y su inmediata absolución.
Los intereses de los grandes grupos empresariales privados
que condicionan las políticas hidráulicas en todo el mundo imponiéndose al
interés general, tienen desde hace años en Aragón su máximo exponente en el
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Desde el nacimiento de la RAPA, hace
ahora 4 años, siempre nos hemos opuesto a este Plan. En
Aragón nunca se ha querido abordar con rigor y seriedad la necesidad de depurar la totalidad de
nuestras aguas residuales para devolver la calidad ecológica y la salud a nuestros ríos, objetivo
que a estas alturas debiera estar cumplido.
En lugar de eso, se ha decidido montar un inmenso y descontrolado negocio,
comprometiendo más de 1000 millones de euros a concesiones de obra pública
y explotación de las depuradoras por empresas privadas.
El sobredimensionamiento
de los proyectos es tal que el coste de nuestra depuración arroja una media
de 1,5 € por metro cúbico de agua depurada, diez veces más que nuestros vecinos
de La Rioja o Navarra, cada depuradora en funcionamiento nos está costando
hasta 15 veces más que la depuradora de gestión pública que hubiera sido
necesaria y muchas de ellas funcionan por debajo del 30% de su capacidad.
Para pagar a las empresas se creó, disfrazado
de impuesto ecológico, un nuevo tributo, el Impuesto de Contaminación de
las Aguas (ICA) que, en los últimos 10 años el ICA ha subido un 125%.
El
Instituto Aragonés del Agua prefirió castigar a los ciudadanos con un impuesto
abusivo e injusto a resolver las necesidades de depuración aceptando los fondos
públicos aportados por otras administraciones. Así, se desvió a otros fines
los 142 millones € por el Ministerio de Medioambiente,
pues la inversión pública no era compatible con el modelo concesional que
convierte a las empresas constructoras en intermediarios financieros que
anticipan los gastos de la operación. Se despreciaron 142 millones de euros destinados al Plan
Especial del Pirineo, lo que cuesta
construir 700 depuradoras ecológicas de gestión pública en nuestros
pueblos, las que los organismos especializados recomiendan, y se prefirieron
dedicar a todo tipo de dádivas clientelares bajo la forma de cientos de
inversiones en el medio rural.
Ahora nos encontramos que, fruto de esta mala gestión, 500 pueblos y ciudades de
Aragón han sido estafados, pues pagan el ICA y, sin embargo, no se han
construido en ellos las depuradoras acordadas. El Gobierno de Aragón ha violado sistemáticamente la autonomía municipal para imponer
su modelo mientras los vecinos de nuestros pueblos han
visto multiplicarse, a veces por tres, el recibo del agua y, a cambio, no
reciben ningún servicio.
Pero, si esto fuera poco, ahora el Gobierno de Aragón ha decidido que las
consecuencias de esta mala gestión las paguemos todos los aragoneses. Las familias zaragozanas van a pagar, como mínimo un
40 % más en el recibo del agua, y muy pronto verán dobladas sus tarifas como
consecuencia de esta doble imposición sobre el mismo concepto tributario.
El pasado mes de septiembre a propuesta de la RAPA todas las fuerzas de la
izquierda suscribieron un acuerdo
público en el que se comprometían a revisar la Ley de Aguas de Aragón, y por
tanto el ICA, devolviendo el protagonismo a los ayuntamientos y a su
ciudadanía; se comprometían a promover una moratoria inmediata de cuantas
acciones estaban previstas en desarrollo del P.A.S.D., EN TANTO SE DESARROLLABA UNA
AUDITORÍA ECONÓMICA-FINANCIERA Y DE VIABILIDAD DEL PLAN Y DEL INSTITUTO
ARAGONÉS DEL AGUA.
Sólo un mes
después de la firma de esta declaración apoyaban las mociones de la derecha a
favor del recrecimiento de Yesa, sólo
dos meses bastaron para que propusieran endurecer la aplicación del ICA y
la invasión de competencias municipales modificando la Ley de Aguas y otras
normas.
Por eso, en esta conmemoración del Día Mundial del Agua desde la RAPA volvemos a exigir que se aclaren las
cuentas de este oscuro negocio a través de una completa y rigurosa auditoría participada por los ayuntamientos
afectados y las entidades sociales, que se revise en profundidad el Plan de Saneamiento facilitando la recuperación de las competencias
secuestradas por todos los ayuntamientos que deseen hacerlo, que se rescindan los contratos incumplidos
por las empresas, que se estudie y renegocien los contratos insostenibles y en
los muchos casos en que es posible se
revierta la gestión de las depuradoras a los ayuntamientos, y que mientras
todo esto no se haga se declare una
moratoria en la aplicación del Impuesto de Contaminación de las Aguas.
Lamentablemente los hechos de estos meses han probado
que no nos podemos fiar de este Gobierno. Y que debemos seguir denunciando la
actual situación, movilizando a la población y reclamando un Plan de depuración
eficiente y sostenible financiado con unos impuestos justos y razonables.
Video de Berta Cáceres:
https://drive.google.com/file/d/0BwP4ak3PGkk5c1QyM3M3UVFiNWs/view
Para pagar a las empresas se creó, disfrazado de impuesto ecológico, un nuevo tributo, el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que, en los últimos 10 años el ICA ha subido un 125%.
El
Instituto Aragonés del Agua prefirió castigar a los ciudadanos con un impuesto
abusivo e injusto a resolver las necesidades de depuración aceptando los fondos
públicos aportados por otras administraciones. Así, se desvió a otros fines
los 142 millones € por el Ministerio de Medioambiente,
pues la inversión pública no era compatible con el modelo concesional que
convierte a las empresas constructoras en intermediarios financieros que
anticipan los gastos de la operación. Se despreciaron 142 millones de euros destinados al Plan
Especial del Pirineo, lo que cuesta
construir 700 depuradoras ecológicas de gestión pública en nuestros
pueblos, las que los organismos especializados recomiendan, y se prefirieron
dedicar a todo tipo de dádivas clientelares bajo la forma de cientos de
inversiones en el medio rural.
Ahora nos encontramos que, fruto de esta mala gestión, 500 pueblos y ciudades de
Aragón han sido estafados, pues pagan el ICA y, sin embargo, no se han
construido en ellos las depuradoras acordadas. El Gobierno de Aragón ha violado sistemáticamente la autonomía municipal para imponer
su modelo mientras los vecinos de nuestros pueblos han
visto multiplicarse, a veces por tres, el recibo del agua y, a cambio, no
reciben ningún servicio.
Pero, si esto fuera poco, ahora el Gobierno de Aragón ha decidido que las
consecuencias de esta mala gestión las paguemos todos los aragoneses. Las familias zaragozanas van a pagar, como mínimo un
40 % más en el recibo del agua, y muy pronto verán dobladas sus tarifas como
consecuencia de esta doble imposición sobre el mismo concepto tributario.
El pasado mes de septiembre a propuesta de la RAPA todas las fuerzas de la
izquierda suscribieron un acuerdo
público en el que se comprometían a revisar la Ley de Aguas de Aragón, y por
tanto el ICA, devolviendo el protagonismo a los ayuntamientos y a su
ciudadanía; se comprometían a promover una moratoria inmediata de cuantas
acciones estaban previstas en desarrollo del P.A.S.D., EN TANTO SE DESARROLLABA UNA
AUDITORÍA ECONÓMICA-FINANCIERA Y DE VIABILIDAD DEL PLAN Y DEL INSTITUTO
ARAGONÉS DEL AGUA.
Sólo un mes
después de la firma de esta declaración apoyaban las mociones de la derecha a
favor del recrecimiento de Yesa, sólo
dos meses bastaron para que propusieran endurecer la aplicación del ICA y
la invasión de competencias municipales modificando la Ley de Aguas y otras
normas.
Por eso, en esta conmemoración del Día Mundial del Agua desde la RAPA volvemos a exigir que se aclaren las
cuentas de este oscuro negocio a través de una completa y rigurosa auditoría participada por los ayuntamientos
afectados y las entidades sociales, que se revise en profundidad el Plan de Saneamiento facilitando la recuperación de las competencias
secuestradas por todos los ayuntamientos que deseen hacerlo, que se rescindan los contratos incumplidos
por las empresas, que se estudie y renegocien los contratos insostenibles y en
los muchos casos en que es posible se
revierta la gestión de las depuradoras a los ayuntamientos, y que mientras
todo esto no se haga se declare una
moratoria en la aplicación del Impuesto de Contaminación de las Aguas.
Lamentablemente los hechos de estos meses han probado
que no nos podemos fiar de este Gobierno. Y que debemos seguir denunciando la
actual situación, movilizando a la población y reclamando un Plan de depuración
eficiente y sostenible financiado con unos impuestos justos y razonables.
Video de Berta Cáceres:
https://drive.google.com/file/d/0BwP4ak3PGkk5c1QyM3M3UVFiNWs/view
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