COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPATIVA DEL AGUA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SU ENTORNO

1)  Consideramos que el agua es un bien público; que los ríos, acuíferos, lagos y humedales son patrimonios de la biosfera bajo dominio público; y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están estrechamente vinculados a derechos humanos y de ciudadanía que, por su naturaleza, deben de ser de acceso universal.  Por todo ello entendemos que NO deben ser gestionados desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas de Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general.

2)     Consideramos justo y necesario que los ayuntamientos tengan la competencia sobre los servicios de agua y saneamiento, al igual que sobre otros servicios básicos a la ciudadanía que hoy se ven mermados, cuando no arrebatados a los ayuntamientos por la nueva ley de régimen local promovida por el Gobierno. Nos oponemos a este recorte de competencias municipales, al tiempo que reclamamos medios para poder desarrollarlas de forma efectiva y eficiente a través de esos nuevos modelos de Gestión Pública Participativa

3)     Respaldamos la resolución adoptada por la Asamblea General de NNUU en 2010, por la cual se reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; al tiempo que nos comprometemos a hacer efectiva esa resolución garantizando el acceso universal a estos servicios de todos los vecinos/as de nuestros municipios.

4)     Entendemos que los servicios de agua y saneamiento se basan en un ciclo que debe gestionarse de forma integrada y bien coordinada, en este caso, en el entorno urbano de Zaragoza, a fin de optimizar el servicio, mejorar la eficiencia en el uso de nuestros recursos y garantizar el buen estado ecológico de nuestros ríos.

5)     Al tiempo que reivindicamos una gestión 100% pública, nos comprometemos a desarrollar un nuevo modelo de gestión pública, transparente y participativa, que garantice información y rendición de cuentas mediante indicadores significativos y comprensibles, así como un Consejo Social con competencias efectivas de control y representación directa en el Consejo de Administración del ente público gestor.

6)     El sistema tarifario, al tiempo que justo y equitativo, debe garantizar el acceso universal a servicios de alta calidad, aún a los más pobres; asegurar la sostenibilidad financiera del servicio; y promover incentivos al buen uso, tanto por la ciudadanía, como por usuarios industriales y de servicios. Para ello, siguiendo los esfuerzos del actual servicio municipal, se trata de promover un sistema tarifario por tramos de consumo con adecuadas exenciones, incentivos y penalizaciones.

7)     No podrá haber lucro privado en la gestión del servicio y se garantizará transparencia y control ciudadano sobre su gestión financiera. Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio. Si habiendo cubierto estas prioridades, hubiera remanentes, se alimentará un fondo municipal de acción social bajo la supervisión del Consejo Social.

8)     Constatamos que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD):

·     es económica y financieramente inviable, por aplicación de tecnologías inadecuadas y sobredimensionamientos injustificables.

·  ha supuesto un secuestro de competencias municipales y la marginación de los ayuntamientos para acabar privatizando los servicios de saneamiento;

·     está dando lugar a pagos abusivos y generando agravios comparativos que incluyen el pago por servicios que no se prestan.

Por todo ello nos oponemos activamente a su implantación en nuestros municipios, y particularmente en el de Zaragoza, donde los vecinos hemos pagado ya nuestras depuradoras, en tanto no se haga una revisión en profundidad y una auditoría económico-financiera del Plan, a fin de que Zaragoza y su entorno urbano no acabemos pagando los sobrecostes de un negocio privado y oscuro.