En estas dos disposiciones
se favorece la cesión de derechos de aguas intercuencas, algo que
la ley actual restringe a casos excepcionales. No serían las Confederaciones,
ni las Comunidades Autónomas quienes decidirían. Tampoco serían el Congreso y y el Senado. Sería
la Dirección General del Agua la que autorizaría directamente estas
cesiones. Se hace además de forma urgente y oculta en una Ley que no
tiene que ver con el agua, a sabiendas que Europa, en los dos próximos dos
meses, va a reformar la Directiva que hace referencia a la Evaluación ambiental.
Como se señala desde la Fundación Nueva Cultura
del Agua, el Partido Popular cambia las reglas del juego en materia de agua por
la puerta de atrás, sin debate ni participación pública .De hecho
esto supones modificaciones muy importantes a la Ley de Aguas y al Plan
Hidrológico Nacional que les permitiría desarrollar:
Una Agencia Nacional o ADIF del Agua que
centralice las decisiones de la planificación y asignación del agua por encima
de las confederaciones hidrográficas y las comunidades autónomas. Un banco
nacional del agua en el que los usuarios, principalmente regantes,
puedan venderse los derechos entre diferentes cuencas, posibilitando trasvases
privados de agua. Una red de “autopistas del agua” con capital
preferentemente privado, que eufemísticamente sustituiría el polémico término
“trasvase”.
Estos cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Ebro sin ningún acto legislativo adicional y profundizan el modelo productivista hidráulico y neoliberal que está en la base del deterioro generalizado de los ríos y acuíferos en España y que es diametralmente opuesto a los objetivos, principios y enfoque ambiental y participativo de la Directiva Marco del Agua.
De hecho, todo este proceso de privatización de las aguas del Ebro ya se ha iniciado con el Plan de Cuenca recientemente aprobado en los meses pasados. Para trasvasar hace falta regular y de ahí que en esa Plan del Ebro se aprobasen 79 nuevos embalses de los que se pagan un 80% por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos.
A medio plazo se plantea consumir el 50% de las aguas circulantes por el Ebro. El supuesto otro 50% que iría al mar sería el objeto de deseo del Ministerio y los regantes de Valencia y Murcia.
Pero, frente a aquellos que machaconamente dicen lo contrario, el agua no se pierde en el mar. El río necesita agua, la calidad de las aguas circulantes necesita agua, los ecosistemas acuáticos necesitan agua y el mar Mediterraneo necesita que le llegue agua dulce en cantidad y calidad. Agotar o disminuir excesivamente estos caudales ; nos lleva a gastar mucho dinero en restaurar los daños ambientales provocados por especies invasoras , concentración de contaminantes , proliferación de especies que afectan a la salud humana…Y todo ello en un escenario en que ya estamos teniendo ya un 20% menos de caudales respecto a décadas pasadas debido al cambio climático y que a su vez condiciona largos periodos de sequía .Y el Ebro, contrario a lo que dice la copla, ya está cansado de guardar silencio.
El precedente del trasvase Tajo- Segura es un pésimo ejemplo para la cuenca del Ebro. Con la firma del memorándum y su inclusión en la ley de evaluación ambiental hace muy difícil la derogación de esos derechos .Si en otro momento posterior se quisiera dar marcha atrás, el Sindicato de Regantes Tajo- Segura. estima que habría que realizarles una compensación económica de diez mil millones de euros.
Estos cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Ebro sin ningún acto legislativo adicional y profundizan el modelo productivista hidráulico y neoliberal que está en la base del deterioro generalizado de los ríos y acuíferos en España y que es diametralmente opuesto a los objetivos, principios y enfoque ambiental y participativo de la Directiva Marco del Agua.
De hecho, todo este proceso de privatización de las aguas del Ebro ya se ha iniciado con el Plan de Cuenca recientemente aprobado en los meses pasados. Para trasvasar hace falta regular y de ahí que en esa Plan del Ebro se aprobasen 79 nuevos embalses de los que se pagan un 80% por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos.
A medio plazo se plantea consumir el 50% de las aguas circulantes por el Ebro. El supuesto otro 50% que iría al mar sería el objeto de deseo del Ministerio y los regantes de Valencia y Murcia.
Pero, frente a aquellos que machaconamente dicen lo contrario, el agua no se pierde en el mar. El río necesita agua, la calidad de las aguas circulantes necesita agua, los ecosistemas acuáticos necesitan agua y el mar Mediterraneo necesita que le llegue agua dulce en cantidad y calidad. Agotar o disminuir excesivamente estos caudales ; nos lleva a gastar mucho dinero en restaurar los daños ambientales provocados por especies invasoras , concentración de contaminantes , proliferación de especies que afectan a la salud humana…Y todo ello en un escenario en que ya estamos teniendo ya un 20% menos de caudales respecto a décadas pasadas debido al cambio climático y que a su vez condiciona largos periodos de sequía .Y el Ebro, contrario a lo que dice la copla, ya está cansado de guardar silencio.
El precedente del trasvase Tajo- Segura es un pésimo ejemplo para la cuenca del Ebro. Con la firma del memorándum y su inclusión en la ley de evaluación ambiental hace muy difícil la derogación de esos derechos .Si en otro momento posterior se quisiera dar marcha atrás, el Sindicato de Regantes Tajo- Segura. estima que habría que realizarles una compensación económica de diez mil millones de euros.
Los derechos de las aguas y
los ríos quedan en manos de particulares que hacen negocio con ella . La situación se va pareciendo al
cien por cien al ejemplo ultraliberal
chileno donde su Constitución, impuesta por el dictador Pinochet, contempla la
privatización de todos sus ríos con la diferencia de que los artículos de
la Constitución española y su desarrollo en la Ley de
Aguas en donde se habla del carácter público de sus aguas y su entorno, se arrasan con estas medidas
unilaterales y ultraliberales del PP.
El jueves 21 se vota en el Congreso la ratificación de esta ley que dará vía libre a los trasvases en el Ebro y en donde esperamos muy poco de los parlamentarios aragoneses del PP que aunque, tuvieran alguna actuación contraria a dicha aprobación, seguirán al día siguiente apoyando las políticas de su partido. De su socio de gobierno, el PAR, esperamos que además de su posicionamiento en contra, no siga con sus apoyos a Mª Fernanda Rudi en el Gobierno de Aragón.
A la sociedad civil y al resto de partidos no nos queda otra salida que reeditar la oposición que hicimos hace doce años porque
El jueves 21 se vota en el Congreso la ratificación de esta ley que dará vía libre a los trasvases en el Ebro y en donde esperamos muy poco de los parlamentarios aragoneses del PP que aunque, tuvieran alguna actuación contraria a dicha aprobación, seguirán al día siguiente apoyando las políticas de su partido. De su socio de gobierno, el PAR, esperamos que además de su posicionamiento en contra, no siga con sus apoyos a Mª Fernanda Rudi en el Gobierno de Aragón.
A la sociedad civil y al resto de partidos no nos queda otra salida que reeditar la oposición que hicimos hace doce años porque
¡¡el Ebro no se toca!!
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